La reducción de la jornada laboral en España vuelve, una vez más, al centro del debate político. El Gobierno ha manifestado su disposición a acelerar el proceso para rebajar la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, uno de los compromisos de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Todo ello, nos llega en un momento de tensión entre patronal, sindicatos y Ejecutivo a las puertas de una fecha clave: 1 de mayo, Día del Trabajo, fecha alrededor de la cual UGT y CCOO han planteado diversas movilizaciones para que la ciudadanía siga presionando a favor del cambio.
Apoyos clave para la medida
El anteproyecto de ley para la reducción de jornada se debatirá en el Consejo de Ministros de este martes, 30 de abril. El Gobierno ya alcanzó un principio de acuerdo interno entre los socios de la coalición, pero la tramitación definitiva depende de conseguir los apoyos suficientes en el Congreso.
En este sentido, Junts per Catalunya desempeña un papel crucial, ya que sus votos resultan imprescindibles para sacar adelante la medida. En este contexto de tensas negociaciones, el Ejecutivo pretende apoyarse en la presión sindical para impulsar la medida.
Según el anteproyecto, la reducción de jornada debía aplicarse de forma progresiva: en teoría, 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas semanales en 2025. Sin embargo, la primera fase no se implementó por razones de viabilidad técnica, por lo que todo indica que, si hay acuerdo definitivo, la jornada se reducirá directamente a las 37,5 horas.
En cualquier caso, se contempla un cálculo de la jornada se realice en cómputo anual, para facilitar su adaptación en distintos sectores y se prevé la creación de un observatorio que controle su implantación efectiva en las empresas, apoyado por las medidas de registro horario digital ya activas.
Presión sindical
La presión de los sindicatos ha aumentado en las últimas semanas, especialmente de cara a las movilizaciones previstas para el 1 de mayo. UGT y CCOO exigen que la reducción de jornada se materialice cuanto antes y sin reducción salarial, advirtiendo de que intensificarán las protestas si no se producen avances. Este respaldo sindical refuerza la posición del Gobierno frente a las resistencias de la patronal.
Las organizaciones empresariales, por su parte, se mantienen críticas con la medida. La CEOE y Cepyme insisten en que la reducción de jornada debería negociarse en los convenios colectivos y advierten de su posible impacto en los costes laborales y la competitividad.
Así, la sesión de mañana (martes, 29) marcará si, finalmente, el Gobierno consigue aprobar el anteproyecto de ley e iniciar su tramitación parlamentaria. La combinación de presión sindical y negociación política será decisiva para definir el futuro inmediato de la reducción de jornada laboral en España. Por ahora, seguimos expectantes.
Fuente: PyA
