Esta semana, los sindicatos de UGT y CCOO han convocado manifestaciones en más de cincuenta ciudades de España con motivo del Día de los Trabajadores.
El 1 de mayo, bajo el lema “Proteger lo conquistado, ganar futuro”, los sindicatos planean reclamar al Gobierno la aplicación inmediata de la jornada laboral de 37,5 horas y una reforma urgente de la indemnización por despido.
Por ahora, punto muerto
El pasado mes de febrero, el Ejecutivo aprobó el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin reducciones salariales, pero la medida sigue bloqueada en su tramitación parlamentaria.
De este modo, PSOE y Sumar la incluyeron en el acuerdo de Gobierno, sin embargo, su tramitación no ha encontrado los apoyos suficientes. Junts, partido político clave para alcanzar la mayoría, ha expresado dudas sobre la aplicación de la norma, lo que ha frenado su avance.
Sin embargo, los sindicatos advierten que no tiene sentido retrasar la aprobación de una medida ya consensuada con los agentes sociales. Por todo ello, aprovechando el 1 de mayo se buscará, precisamente, presionar al Ejecutivo para cumplir los compromisos laborales antes del verano.
Europa pide otra reforma
La otra gran reivindicación sindical es la reforma de la indemnización por despido improcedente. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha determinado que el sistema español no cumple con la Carta Social Europea, al considerar que la compensación actual —33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades— no actúa como un elemento disuasorio real.
Como respuesta, los sindicatos reclaman una actualización del modelo que incremente la indemnización, al menos en los casos de despidos sin causa justificada. El Ministerio de Trabajo ha asegurado que trabaja en una propuesta técnica, aunque todavía no se ha presentado un texto concreto.
Asimismo, los sondeos reflejan un apoyo mayoritario de la ciudadanía a la reducción de la jornada laboral. Según un barómetro reciente, más del 68 % de los trabajadores españoles ven con buenos ojos este cambio.
Por el contrario, la patronal (en concreto, la CEOE, pero también ATA y Cepyme) ya ha alertado del riesgo para las empresas y el posible impacto negativo en la productividad, donde el incremento de los costes salariales tendría una notable relevancia en la cuestión.
