EL GRAN CONSUMO CREE QUE LA JORNADA DE 37,5 HORAS «VA A DESTROZAR LA COMPETITIVIDAD ESPAÑOLA»
Tenemos 1,1 millones de empleos más [que en 2019] y trabajamos el mismo número de horas», lo que «está perjudicando a la productividad
El presidente de AECOC, Javier Campo, en su ponencia. (EFE/Javier Cebollada)
Las empresas de gran consumo, a través de su patronal AECOC, rechazan reducir la jornada laboral a 37,5 horas, propuesta incluida en el acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE y Sumar. «Vamos a destrozar la competitividad de la economía española», ha valorado el presidente de la asociación, Javier Campo, durante el 38º congreso del sector celebrado este miércoles en Zaragoza.
Para defender esta posición, Campo ha señalado que actualmente «tenemos 1,1 millones de empleos más [que en 2019] y trabajamos el mismo número de horas», lo que «está perjudicando a la productividad». En su opinión, esa pérdida de rendimiento en la economía española se debe al incremento del absentismo, a que ha crecido el empleo público, donde que se trabaja menos horas que en el sector privado, o que hay más contratación a tiempo parcial, entre otras razones.
En este sentido, ha recordado los datos de Eurostat, que apuntan una caída del 3% en la productividad española respecto a la que tenía en 2019, antes de la aparición del coronavirus, mientras que en algunos países de nuestro entorno, como Portugal, se encuentra por encima. Teniendo en cuenta este comportamiento de la economía nacional, el presidente de AECOC ha asegurado que una reducción de la jornada laboral «va a profundizar este problema».
«Reducir las horas trabajadas, cuando además se tiene una baja productividad, tiene mal pronóstico», ha manifestado en una rueda de prensa posterior a su ponencia durante el Congreso. «Si llegamos a las 35 horas, como parece que se pretende para el final de la legislatura, la productividad española va a sufrir», ha insistido.
Sostiene que una opción más viable es «mejorar la competencia de nuestra fuerza laboral», para lo que ha propuesto potenciar el desarrollo de la formación profesional dual e incrementar la tasa de actividad. Sobre este último punto, ha animado a elaborar una política de inmigración focalizada a cubrir las necesidades del mercado de trabajo y aumentar el empleo juvenil. «Tendríamos que pasar de la gran renuncia a la gran incorporación al mercado de trabajo», ha destacado.
Aunque uno de los mayores problemas que observa es que la digitalización no se ha enfocado en acelerar la productividad española. Así lo ha considerado Campo, que ha criticado que se utilice la tecnología para mover volúmenes y no para mejorar el rendimiento. Pone como ejemplo el trasvase de las tiendas físicas al comercio electrónico o de los restaurantes al delivery, y sostiene que «en ningún sitio está escrito que esos nuevos canales sean más productivos».
Volviendo sobre el argumento de la competitividad, también se ha opuesto a nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), medida que también se recoge en el acuerdo de gobierno. «Es imposible intentar competir cuando se tiene una productividad baja con costes laborales altos», ha destacado, para añadir que «combinar caídas en las horas de trabajo y en la productividad con costes laborales unitarios al alza es un mal negocio». En cualquier caso, ha pedido que este debate se realice dentro del diálogo social que mantienen sindicatos y patronal.
Pide rebajar la presión fiscal
El pacto entre PSOE y Sumar, que solo se aplicará si Pedro Sánchez consigue repetir como presidente del Gobierno, también contempla establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades para grandes empresas, que se aplicará sobre el resultado contable y no sobre la base imponible. Campo no ha entrado a valorar directamente esta medida, pero sí ha pedido relajar la presión fiscal, una vez que se ha superado la pandemia.
«Se justificó fundamentalmente para la lucha contra el covid, para los ERTE o los ICO, pero el covid ya está superado y habría que reevaluar las partidas de gastos, porque si no vamos a dañar la economía», ha remarcado. Y una vez más, ha querido poner cifras sobre la mesa: «La presión fiscal en España ha crecido un 10% [desde 2019], más de cinco veces de lo que lo ha hecho la media de la eurozona».
Por Javier Melguizo. Zaragoza
