MAXIMA IMPORTANCIA

El Proyecto de Ley de lucha contra el fraude avala las inspecciones sorpresa

EXTRACTO:

 

Criterio del Tribunal Supremo.

 

  1. Domicilio constitucionalmente protegido e inviolabilidad del mismo

La inviolabilidad del domicilio está consagrada tanto en nuestro orden constitucional como internacional.

Así el art. 18.2 de la Constitución reconoce como derecho fundamental la inviolabilidad del domicilio, de modo que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial.

 

A modo de resumen, y en aplicación de la doctrina sentada por el TC, se ha venido entendiendo que una vivienda es domicilio aun cuando en el momento del registro no esté habitada (STC 94/1999, de 31 de mayo), y, sin embargo, no se ha considerado domicilio los locales destinados a almacén de mercancías (STC 228/1997, de 16 de diciembre), un bar y un almacén (STC 283/2000, de 27 de noviembre), unas oficinas de una empresa (ATC 171/1989, de 3 de abril), los locales abiertos al público o de negocios (ATC 58/1992, de 2 de marzo)…

  1. Regulación actual para la concesión de autorización judicial de entrada

La entrada en el domicilio de los obligados tributarios viene regulado en el art. 113 y 142.2 de la Ley General Tributaria (en adelante, LGT), en virtud de los cuales cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial.

 

  • Existencia de un acto administrativo previo que ha de ejecutarse: la referida Sentencia dispone que: “del conjunto de este rudimentario y escueto sistema procesal -por comparación con la necesidad e importancia de la protección de un derecho fundamental, que con tal entrada quedaría sacrificado-, resulta con una claridad meridiana que la competencia judicial se ha de sustentar en la existencia de un acto administrativo previo, de cuya ejecución se trata.

El TS acaba sentando doctrina en los siguientes términos: “La autorización de entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y periodos a que afectan las pesquisas, por derivar tal exigencia de los artículos 113 y 142 de la LGT. Sin la existencia de ese acto previo, que deberá acompañarse a la solicitud, el juez no podrá adoptar medida alguna en relación con la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido a efectos de práctica de pesquisas tributarias, por falta de competencia (art. 8.6 LJCA y 91.2 LOPJ)”.

  • No cabe la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, para ver qué se encuentra la Administración, esto es, para el hallazgo de datos que se ignoran, sin identificar con precisión qué concreta información se pretende obtener. Por tanto, no proceden las entradas para averiguar qué es lo que tiene el comprobado.
  • Tanto la solicitud como la autorización judicial deben superar un triple juicio: el de idoneidad de la medida toda vez que ésta debe ser útil para la actuación inspectora; el de necesidad, esto es, que no exista otra medida sustitutiva más moderada que la intromisión que se pretende, y el de proporcionalidad en sentido estricto pues han de ponderarse los beneficios de tal medida para el fin perseguido frente al sacrificio del derecho fundamental que nos ocupa.

El Tribunal Supremo, en su sentencia del año 2020, ha justificado la necesidad de un procedimiento inspector abierto y notificado, en el seno del cual se adopte, por la autoridad competente, la decisión de instar la entrada en un domicilio constitucionalmente protegido:

  • Porque tal exigencia la imponen sin duda los artículos 113, 142 y 145 LGT, el primero de los cuales alude a los procedimientos de aplicación de los tributos y los dos últimos están sistemáticamente ubicados en el capítulo referido a las actuaciones inspectoras.
  • Porque sin un acto administrativo previo, dictado en un procedimiento inspector, el juez de garantías se vería privado de su propia competencia, dirigida a la ejecución de un acto.
  • Porque los datos que revelen obligaciones fiscales no declaradas han de surgir de algún expediente comprobador referido a deberes concretos y determinados, esto es, con identificación de la obligación de pago supuestamente incumplida, el periodo y el tributo concernidos por aquélla, sin que quepa su obtención inconexa o derivada de la situación supuesta del contribuyente en relación con márgenes, estadísticas o medias cuya certeza, veracidad y conocimiento público no constan.

Parece, por tanto, que la finalidad que persigue la modificación de esta normativa, desoyendo al Tribunal Supremo, es reforzar la potestad administrativa de entrada domiciliaria permitiendo que se puedan autorizar entradas en el domicilio del obligado tributario no solo durante un procedimiento ya iniciado sino también con carácter previo al mismo.

 

cabe decir, finalmente que, si no se exigen al juez tales garantías formales y materiales como requisitos estrictos y excepcionales para sacrificar el contenido esencial de un derecho fundamental, el del art. 18.2 CE, habremos de llegar a la conclusión de que el afectado por unas actuaciones de la Administración tributaria se encuentra en una situación más desfavorable y gravosa para el disfrute pleno de ese derecho que la que ocupa el encausado en una instrucción penal, para el caso en que se solicite y autorice la entrada en su domicilio, en el seno de una causa judicial abierta, bajo la garantía no sólo en su adopción, sino también en su desarrollo y efectos, que proporciona la presencia de un fedatario público, y ello aun cuando los bienes que se ponen en comparación son de mayor intensidad y necesidad de protección en el ámbito penal que en el de la actividad administrativa”.

 

Cuestión distinta es la posibilidad de iniciar un procedimiento inspector mediante personación sin previo aviso en un domicilio constitucionalmente protegido, que debe considerarse una excepción en casos concretos y no como una regla general. Así lo ha puesto de relieve la referida sentencia: “La posibilidad de adopción de la autorización de entrada inaudita parte, no guarda relación con la exigencia del anterior punto, sino que se refiere a la eventualidad de no anunciar la diligencia de entrada con carácter previo a su práctica. Tal situación, de rigurosa excepcionalidad, ha de ser objeto de expresa fundamentación sobre su necesidad en el caso concreto, tanto en la solicitud de la Administración y, con mayor obligación, en el auto judicial, sin que quepa presumir en la mera comprobación un derecho incondicionado o natural a entrar en el domicilio, como aquí ha sucedido”.

 

Es evidente que la LGT es una ley ordinaria y, por tanto, inidónea o inepta, por su competencia, para desarrollar el derecho fundamental, en su contenido esencial, en lo que atañe al ámbito tributario.